Detenido el presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por corrupción

Detenido el presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por corrupción

El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez Gramage, ha sido detenido este miércoles junto a otras cinco personas vinculadas al PSOE y a Compromís por su presunta implicación en un caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Se están practicando, además, registros en la sede de la Corporación provincial, el Ayuntamiento de Ontinyent, del que es alcalde Rodríguez, la sede de la empresa pública Divalterra, y varios domicilios particulares.

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El juez investiga, en concreto, la contratación de siete altos cargos de Divalterra, la gran empresa pública de la Diputación de Valencia, que fueron elegidos a dedo con sueldos de 50.000 euros al año entre militantes del PSPV-PSOE y de Compromís, según han indicado a este periódico fuentes de la investigación.

La causa judicial está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

Además de Rodríguez y su jefe de gabinete, Ricard Gallego, han sido arrestados por la policía —aunque sin orden de detención judicial—, los actuales gerentes de Divalterra Xavier Simón y Agustina Brines, el secretario de la misma, José Luis Cuerda y el asesor Manuel Reguart.

REACCIONES
La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha reclamado al secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que “tome cartas en el asunto por coherencia”.

Ciudadanos ha exigido hoy la dimisión inmediata del presidente de la Diputación de Valencia y ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos.

Compromís ha pedido tiempo para valorar la situación, y Podemos Comunidad Valenciana, que considera “muy grave” y “preocupante” las detenciones y registros, ha solicitado la dimisión de Rodríguez y explicaciones al líder del PSPV.

El PSOE, que ha abierto expediente informativo por el caso, está recabando información y aplicará su código ético, que dice que los cargos públicos u orgánicos implicados en procedimientos judiciales penales tienen que dimitir en el momento en el que se abre juicio oral, según explican fuentes de la dirección nacional, informa Elsa García de Blas. Estas mismas fuentes no descartan la toma de medidas contra el presidente de la Diputación más allá de lo que dice el código ético del PSOE. Pedro Sánchez en el Congreso de Diputados: “Déjenme que lo vea, lo vamos a estudiar, aplicaremos el código ético”.

En abril, Ciudadanos presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de alta dirección de Divalterra. Cada uno de los siete contratos tenían un coste para la empresa pública de 75.000 euros al año —incluyendo gastos de desplazamiento—. Y se habían realizado, según la denuncia, “apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad” con el objetivo de “elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, evitando con ello la convocatoria pública de la plaza”. Los contratados pertenecían a Compromís (cuatro) y PSOE (tres). Estos dos partidos que dirigen la Corporación provincial en coalición con Esquerra Unida y València en Comú..

La Fiscalía Anticorrupción ya tenía abierta una investigación por estos hechos, abierta a raíz de los hechos relatados por un empleado de Divalterra, e incorporó a la misma tanto una denuncia del PP como la de Ciudadanos.

Fuentes de la investigación apuntan a que las irregularidades son similares, presuntamente, a las que cometieron los anteriores dirigentes de la Diputación de Valencia, que presidía Alfonso Rus, del PP, enchufando a decenas de personas en Divalterra, entonces llamada Imelsa, infringiendo así las normas de contratación públicas.

Las mismas fuentes aseguran que la operación lanzada este miércoles tiene su origen y está centrada en las contrataciones de alta dirección entre los años 2015 y 2018, si bien no descartan que, al analizar los documentos físicos que se han incautado, así como el obtenido en el volcado de ordenadores, puedan observarse otras irregularidades, que se unirían a la causa.

Las detenciones de este miércoles han sido llevadas a cabo en el marco de la llamada Operación Alquería, por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial. Los policías han efectuado registros en la Diputación de Valencia, las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.

La empresa pública Divalterra, antes conocida como Imelsa (Impulso Económico Local Sociedad Anónima), tuvo un papel central en el caso Taula y la Corporación no ha logrado apartarla de la sombra del escándalo.

¿QUIÉN ES JORGE RODRÍGUEZ?
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, cumplió el pasado martes 39 años, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Logró la alcaldía en el año 2011 con el apoyo de Compromís y EUPV, y en 2015 obtuvo la mayoría absoluta con el 63% de los votos. Ese mismo año, los socialistas consiguieron cambiar el color de la Diputación de Valencia, que durante 20 años había sido gobernada por el PP de Alfonso Rus. Jorge Rodríguez, también portavoz en la Ejecutiva Nacional del PSPV, se convirtió en el presidente más joven de la historia de la institución. Rodríguez fue el negociador de Ximo Puig con el sector sanchista durante las primarias del PSPV.

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