Rajoy pide testificar en Gürtel por videoconferencia el 26 o 27 de julio

Rajoy pide testificar en Gürtel por videoconferencia el 26 o 27 de julio

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado oficialmente a la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia como testigo en el juicio del caso Gürtel de corrupción. El jefe del Ejecutivo afirma que, según su agenda, las “fechas más adecuadas” para testificar son los días 26 o 27 de julio, miércoles o jueves, tras el puente de Santiago Apóstol, fiesta nacional a las puertas de las vacaciones de agosto. La carta ha sido remitida por la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Rosario Pablos, y en ella se argumentan motivos económicos y de seguridad para que la declaración se realice desde La Moncloa por videoconferencia, “un medio de prueba habitual y ordinario en los procesos penales”.

Según la misiva, la comparecencia de Rajoy en persona en la sede del tribunal, en el bunker de la Audiencia Nacional en el polígono industrial Las Fronteras de San Fernando de Henares, “implicaría un despliegue importante de recursos públicos”. Además, afirma la carta, remitida el pasado 12 de mayo, “concurren razones de seguridad”.

El desplazamiento de Rajoy a San Fernando o la posibilidad de que el tribunal, las acusaciones y las defensas se desplacen a La Moncloa, como sugirió la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) “supondría todo un conjunto de medidas de seguridad ciertamente desproporcionadas si tenemos en cuenta que la prueba podría practicarse a través de un medio menos gravoso como el de la videoconferencia”. La sede de la Audiencia Nacional en San Fernando, municipio limítrofe con Madrid, es una fortaleza de acero y hormigón con un perímetro de seguridad reforzado, videocámaras y vigilancia policíal permanente, a cuyo garaje se puede acceder directamente.

La carta defiende la videoconferencia al ser, afirma, “el medio más adecuado teniendo en cuenta que la intensa actividad del Presidente del Gobierno, con numerosos actos y reuniones previstas tanto dentro como fuera de España”. Este método de declaración a distancia, sostiene el equipo del presidente, es el “más idóneo y el menos perturbador en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades que como Presidente del Gobierno de España le corresponden”.

El pasado 18 de abril, la Sección Segunda de lo Penal decidió, por dos votos contra uno que Mariano Rajoy deberá declarar como testigo en el juicio de la trama central del caso Gürtel. Los magistrados, que en dos ocasiones anteriores rechazaron citar a Rajoy, dieron esa vez la razón a las acusaciones populares frente al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que la testifical del jefe del Ejecutivo no es “ni útil ni necesaria”. El PP acogió con estupor la decisión judicial y la oposición la empleó de inmediato como munición política. Mariano Rajoy será el primer presidente del Gobierno español en ejercicio que debe acudir a declarar como testigo ante un tribunal de justicia.

El tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado y en el que se sientan también los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada, será el que tenga la última palabra sobre la forma en que declara Rajoy. La tónica en el juicio de Gürtel, que se inició el 4 de octubre, es que los testigos con residencia en España declaren en persona ante ellos. El pasado 26 de abril, el tribunal emitió el auto por el que convoca a Rajoy como testigo. En él no quedaba clara la fórmula para su testifical y se limitaba a señalar que debería “comparecer ante el tribunal”, frente a la posibilidad de que prestara declaración por escrito. El presidente del tribunal, Hurtado, emitió un voto particular discrepante en el que sugería que Rajoy testificara por videoconferencia.

La declaración de los testigos durante el juicio oral se regula en los artículos 702 y 703 de la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero de estos artículos permite declarar por escrito solo a los miembros de la Familia Real, y también al presidente del Gobierno y otros altos cargos, pero solo sobre hechos conocidos por razón de su cargo. En el resto de casos deberán declarar de forma oral. Será el tribunal, que se ha dividido a la hora de decidir si era pertinente citar a Rajoy, el que deberá arbitrar la fórmula bajo la que comparezca aquel. La ley apenas establece que la declaración como testigo del presidente “se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo”.

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